El Tribunal Supremo ha dado carpetazo, si no en el terreno político sí al menos en el jurídico, al histórico debate sobre la incorporación del enclave

El Supremo desautoriza a Ibarretxe y ratifica la 'castellanidad' del Condado de Treviño

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El Tribunal Supremo ha dado carpetazo, si no en el terreno político sí al menos en el jurídico, al histórico debate sobre la incorporación del enclave de Treviño al País Vasco. En una sentencia hecha pública ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal desautoriza al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe y ratifica la castellanidad de Treviño -formado por los municipios de La Puebla de Arganzón y Condado de Treviño-, un territorio situado geográficamente en el corazón de Álava pero bajo dependencia administrativa de Burgos.

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso interpuesto por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón en contra de la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), que anuló el convenio de colaboración suscrito tres años antes por el Ejecutivo de Ibarretxe y el municipio burgalés en materia de educación, cultura y promoción económica. Ese convenio, según señala ahora el Supremo, pretendía, fundamentalmente, "expandir la enseñanza del euskera" en Treviño.

El Supremo respalda los fundamentos jurídicos esgrimidos por el TSJCL en su sentencia del 14 de octubre de 2005, que frenó las pretensiones del Gobierno vasco argumentando que "no puede admitirse la celebración de convenios" sobre las materias citadas "sin el expreso consentimiento de la comunidad autónoma de Castilla y León", ya que, de lo contrario, el Ejecutivo de Ibarretxe estaría "invadiendo competencias" de otra comunidad.

La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, siempre ha rechazado no sólo la anexión de Treviño a Euskadi -una aspiración secular del nacionalismo vasco-, sino cualquier colaboración de carácter político entre ambos ayuntamientos y el Gobierno de Vitoria. Y ello a pesar de que la inmensa mayoría de los casi 2.500 habitantes de Treviño -que cuenta con una superficie de poco más de 200 kilómetros cuadrados- siempre se ha mostrado favorable a la incorporación al País Vasco.

La sentencia hecha pública ayer recuerda que Castilla y León tiene asumidas competencias tanto en materia de cultura como de educación, "sin que sea posible alegar" -como argumentaba el Gobierno vasco- "que sólo se pretende una asistencia social, pues también corresponde a la comunidad autónoma dicha función". Según el Supremo, "lo que realmente se pretende con el convenio es expandir la enseñanza en euskera en estos dos ayuntamientos".

Referéndums y consultas populares

Treviño fue fundado en 1151 por Sancho el Sabio, rey de Navarra, y en 1493 los Reyes Católicos otorgaron a Antonio de Manrique el título de conde de Treviño. Desde entonces, los condes de Nájera retuvieron siempre el enclave en poder de Castilla. El primer referéndum para la incorporación del territorio a Álava del que existe constancia se celebró en 1919, pero sus habitantes rechazaron la anexión.

En 1940, en otro referéndum, el 95,93% de la población expresó su voluntad de incorporarse a Álava. El Gobierno de Francisco Franco consultó entonces a la Academia de la Historia, y ésta sentenció que «la provincia de Burgos, que es parte del antiguo reino de Castilla la Vieja, ha recogido, en la sucesión de los siglos y sin interrupción, el dominio sobre el condado de Treviño, dominio que estimamos legítimo desde el punto de vista histórico». Por este motivo, Franco desestimó el resultado del referéndum. En 1958 se celebró un nuevo referéndum, y Treviño volvió a expresar mayoritariamente su voluntad de incorporarse a la provincia de Álava.

La última consulta popular se celebró hace 10 años, y el 68% de los habitantes del enclave votó a favor de la convocatoria de un referéndum para optar entre Álava y Burgos. Pero el Gobierno de José María Aznar nunca lo autorizó.