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El Ayuntamiento denuncia que se «vulnera el principio de igualdad»

Se insinúa que el TSJ discrimina a la ciudad frente a poblaciones como Cervera de Pisuerga, con juicios penales

04.07.08 -

S. ARROYO - MIRANDA DE EBRO

Miranda insiste. El Ayuntamiento de la ciudad vuelve a dirigirse oficialmente a José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) para «reclamar la reposición de la celebración de las vistas de los juzgados de lo Penal en Miranda». La demanda se traslada en forma de carta, cuyo contenido fue desvelado a los concejales en la sesión plenaria celebrada ayer.

En la misiva se denuncia la «vulneración del principio de igualdad» respecto a otras poblaciones de la región en la que sí se siguen trasladando los órganos jurisdiccionales de lo Penal para celebrar vistas. Es una clara referencia a lo que sucede en ciudades como Cervera de Pisuerga, en Palencia. «Tiene 2.635 habitantes y su partido judicial, al englobar a Aguilar de Campoo, Guardo y otros, cuenta con 27.444 habitantes». En suma, 15.000 habitantes menos que el partido judicial de Miranda, en el que se incluye también al Condado de Treviño.

Se insinúa, por tanto, un agravio comparativo que tampoco se alcanza a comprender si se tiene en cuenta que, tal y como se recuerda, desde 1990 y hasta 2006, los titulares de los juzgados de lo Penal de Burgos celebraban vistas en Miranda con cierta periodicidad «y sin ninguna incidencia».

La supresión del servicio -apoyándose en el ratio de juicios-, «no han tenido en cuenta el derecho de la ciudadanía a que su comparecencia sea lo menos gravosa posibles, evitando desplazamientos innecesarios». Una circunstancia que el Ayuntamiento, coincidiendo así con lo planteado por los abogados locales, entiende ha derivado en «el encarecimiento de la justicia» ya que obliga a desplazamientos de más de 80 kilómetros.

Campo hizo también referencia a lo desvelado por este periódico;: el uso masivo de la videoconferencia. «Su uso es indiscriminado para la práctica de la prueba testifical de los agentes de seguridad del Estado ubicados en Miranda, vulnerando el derecho a que se cumpla el principio de inmediación».